El Ejecutivo debe revisar y optimizar la enajenación de activos provenientes de actividades ilícitas en poder de la SAE.
POR: Gustavo H. Cote Peña
Las noticias del cónclave de la semana pasada convocado por el señor presidente, informaron sobre un plan de austeridad en las diferentes dependencias oficiales para compensar el desequilibrio presupuestal del 2025, responder por las obligaciones del Estado respetando la regla fiscal y garantizar la atención de los programas sociales.
Así mismo, como una alternativa frente a la estrechez fiscal producto de la sobreestimación de ingresos por parte del Ministerio de Hacienda, fue anunciada la presentación al Congreso de la República del proyecto de reforma tributaria hundido en los últimos días del 2024.
El comportamiento de los principales indicadores macro-económicos el año anterior ha permitido a algunos expertos en temas económicos recibir el nuevo año con cierto nivel de optimismo, aunque advierten, en favor de continuar por el sendero de la recuperación, la necesidad de nuevas decisiones públicas destinadas a reactivar los sectores deprimidos de la producción.
Una realidad es que el Estado obtiene mayores recaudos cuando se produce más crecimiento económico. A lo anterior se suma, en términos positivos, el producto de una gestión eficiente y eficaz por parte de la Dian.
En este último punto debe reconocerse el esfuerzo realizado por esta entidad en los últimos meses, bajo la administración del Doctor Jairo Orlando Villabona. La presencia masiva de sus funcionarios en los negocios de las diferentes ciudades controlando la facturación electrónica, así como las convocatorias masivas a los deudores por IVA y Retenciones, incluyendo la presión del riesgo de los procesos penales con la presencia de fiscales especializados, son claros ejemplos de estrategias orientadas a lograr mejores guarismos en la recaudación.
El reto actual de la entidad y su nuevo director, es exigente dadas las graves necesidades hacendísticas. Su actividad deberá enfatizar los procesos de control al contrabando y a la evasión, fenómenos que, según las cifras oficiales, implican la pérdida de tributos muy superiores a los perseguidos con varias reformas tributarias.
También sería conveniente crear un cuerpo especial integrado con funcionarios de la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía, con el fin de afrontar la corrupción pública presente a nivel nacional y territorial, anticipándose a la prensa en la detección de hechos delictivos a someter a los jueces penales.
La justicia, por su parte, debe acelerar los procesos de los escándalos ya conocidos por la opinión pública y recuperar los recursos sustraídos al erario. A su vez, el Ejecutivo debe revisar y optimizar la enajenación de los activos provenientes de actividades ilícitas en poder de la SAE.
La materialización de estas ideas con seguridad conducirá a paliar la problemática fiscal, sin necesidad de acudir a una deficiente iniciativa tributaria para aumentar los impuestos a los contribuyentes ya castigados de manera drástica en el 2022.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian
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Fuente: https://www.portafolio.co/opinion/analisis/opinion-portafolio-inconveniente-resurreccion-621998